Gobierno decomisará vehículos y mantiene detenciones pese a resolución de la Sala de lo Constitucional

Nacional 168

El Gobierno emitió una serie de nuevas medidas restrictivas en torno a la aplicación de cuarentena domiciliar, la fecha de ejecución de esta se mantiene hasta el 28 de abril.

 

El Gobierno derogó el decreto 14, de Medidas Extraordinarias de Prevención y Contención para Declarar el Territorio Nacional como Zona Sujeta a Control Sanitario, a fin de Contener la Pandemia COVID-19, con respecto a la cuarentena domiciliar y emitió uno nueva con más restricciones.

En el nuevo decreto ejecutivo se mantienen las retenciones de personas que no logren demostrar la razón por la cual incumplen con la cuarentena domiciliar. El Gobierno además, agregó como medida restrictiva el decomiso de vehículos y la potestad para ingresar en las viviendas.

“Toda persona que incumpla el resguardo domiciliar sin justificación y que, luego de haber sido evaluada por el personal médico, se catalogue como caso sospechoso deberá guardar cuarentena controlada por treinta días, en tanto no se confirme o descarte la presencia de covid-19, a través de la prueba PCR respectiva, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal respectiva”, dice el literal C del artículo 2 de dicho decreto.

Sobre esto, la Sala de lo Constitucional emitió una resolución el pasado 8 de abril  donde reafirmó que «no debe haber privados de libertad por violar» la cuarentena domiciliar que se mantiene en el país desde el 21 de marzo.

“Esta Sala aclara que las medidas de confinamiento por motivos de salud no deben considerarse en ningún caso como sanción o castigo o ejecutarse de esa manera por las autoridades. En otras palabras, el Presidente de la República, la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y cualquier otra autoridad tienen constitucionalmente prohibido privar de libertad en la forma de confinamiento o internamiento sanitario forzoso a las personas que incumplan la orden de cuarentena domiciliar, mientras la Asamblea Legislativa no emita una ley formal en la que se establezca dicha medida con todos los requisitos”, dice la resolución de la Sala.

A esto se suma que el régimen de excepción que se había decretado quedó sin efecto, luego que los diputados de la Asamblea no hayan respaldado la extensión que solicitaba el Gobierno.

Además, el decreto ejecutivo número 19 que el Gobierno ha implementado desde este día, las personas que sean sorprendidas infringiendo la cuarentena en uso de vehículos, estos les serán retenidos y remitidos a un «proceso de desinfección».

«En caso de que la persona infractora condujere un vehiculo automotor, este deberá remitirse para someterlo a un procedimiento de desinfección y quedará en depósito en los lugares determinados por el Viceministerio de Transporte, para evitar que et mismo se convierta en obstáculo a la vía pública debido a la intención del conductor que infringió el resguardo domiciliario obligatorio y de acuerdo a to previsto en el Art. 118 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El vehiculo será entregado al propietario o su representante, una vez cancelado el pago que corresponda al tiempo que estuviere depositado», dice el literal C del artículo 1.

Bukele ya había amenazado sobre esta situación antes de emitir un decreto Ejecutivo. Por lo que la Sala de lo Constitucional resolvió que esa posibilidad también era prohibida sin que estuviera establecido en una ley formal y aprobada en la Asamblea Legislativa.

“La ley antes mencionada tampoco autoriza en modo alguno intervenciones policiales o administrativas sobre bienes o derechos patrimoniales de las personas, como consecuencia de inobservar la cuarentena domiciliar, por ello, ninguna autoridad puede por motivo de dicha cuarentena decomisar vehículos de personas, ni ningún otro bien, salvo la aplicación de otras leyes que regulen delitos o infracciones administrativas diferentes”, agrega la sentencia de la Sala.

La abogada constitucionalista Ruth Eleonora López, consultada por este medio, consideró que las medidas implementadas por el Gobierno son “excesivas” e “inconstitucionales” porque “ninguna sanción puede ser establecida en un decreto Ejecutivo, tiene que se establecido en una ley formal”.

Esta postura fue respaldada por el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobas, al afirmar que las medidas deben ser establecidas en una ley aprobada en la Asamblea Legislativa.

Facebook Comments

Check Also
Doctor Ramos Hinds: Deben renunciar a usar hospitales de la red para atender pacientes con COVID-19, pueden convertirse en centros de contagio
Facebook Comments