Diputados reciben nueva prórroga para aprobar la Ley de Reconciliación Nacional

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Esta Ley busca sustituir a la que se aprobó en 1993 y que fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 13 de julio 2016.

 

 

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó una nueva prórroga a los diputados de la Asamblea Legislativa para la aprobación de la nueva Ley de Reconciliación Nacional. Los parlamentarios tienen hasta el próximo 28 de febrero del 2020 para ser emitirla.

Justo el día en que vencía el plazo otorgado por la CSJ, el pasado 12 de noviembre los diputados acordaron, con 66 votos, pedir a los magistrados una nueva prórroga para evitar caer en desacato.

Los diputados recibieron el 12 de junio (2019) una prórroga de cuatro meses por la Sala de lo Constitucional, después de varios intentos infructiferos terminaron por agotar dicha extensión de tiempo y el pasado mes de noviembre pidieron una nueva extensión.

La última vez que los diputados estuvieron cerca de aprobar dicha Ley fue antes de la salida del Ejecutivo de Salvador Sánchez Cerén, pero al final la propuesta que fue impulsada por el diputado Rodolfo Parker se quedó sin respaldo.

Previo a la última Sesión Plenaria del mandato de Sánchez Cerén, los diputados de la comisión no lograron dictaminar ya que GANA, al menos 10 diputados de Arena, dos del PCN, uno del PDC, el diputado Juan José Martel y Leonardo Bonilla advirtieron que no apoyarían dicho anteproyecto.

La iniciativa que los diputados intentaron aprobar en junio generó diversos cuestionamientos e inconformidades, en ese momento. Entre los señalamientos figuraban que se buscaba proteger más a los victimarios y se deja de lado a las víctimas del conflicto armado.

También, el documento recibió críticas por supuestamente omitir la posibilidad que los culpables de haber cometido crímenes en el periodo del conflicto armado sean enviados a prisión y la pena sea sustituida por trabajos de beneficio público. Esto según cuestionamientos de los mismos diputados que conformaban la subcomisión. Además, señalaban que se intentaba aprobar un ley de amnistía disfrazada.

Existen dos posibilidades para aprobación, pero la mayor discrepancia consiste en incluir la prisión para los victimarios. Uno de los proyectos contempla prisión para las altas jefaturas de los implicados en el cometimiento de crímenes de lesa humanidad. La otra posibilidad propone una pena mínima de prisión.

Organizaciones civiles critican que no se han tomado en cuenta las posturas de las personas afectadas por los crímenes del proceso de guerra.

Por ello, el pasado mes de noviembre, los parlamentarios consideraron que es necesario estudiar a fondo las posibilidades. El diputado Damián Alegría, del FMLN, consideró que se debe considerar la prisión, «que haya juicios a todos los que cometieron violaciones a derechos humanos en aquel tiempo y que se establezca un ,mecanismo de juzgamiento que no violente el principio de justicia», dijo.

Esta Ley busca sustituir a la que se aprobó en 1993 y que fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 13 de julio 2016.

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