Defensa de militares quieren demostrar que actuaron contra guerrilleros en masacre El Mozote

Sucesos 191

El Juez Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Jorge Alberto Guzmán Urquilla, solicitó de oficio algunas opiniones especiales, para conocer de mejor manera cómo actuaba la Fuerza Armada en la época que se llevó a cabo la masacre de El Mozote y cómo se activaba la estructura militar para ordenar un operativo de tales magnitudes.

Lotería
El juicio contra los implicados en el caso ha llevado a que el juez, de oficio y de acuerdo al Código Penal de 1973, haya solicitado a las partes algunos peritajes especiales, en este caso militares, antropológicos y culturales, señaló Wilfredo Medrano, abogado defensor de las víctimas de la masacre de El Mozote y miembro de Tutela Legal “María Julia Hernández”.

El juez delimitó 11 puntos de peritaje para determinar la organización, estructura, funcionamiento y doctrina del Ejército gubernamental salvadoreño en la década de los 80; determinar los niveles y formas de planeación, organización y ejecución de operaciones militares a mediana y gran escala con especial énfasis en la “Operación Rescate” de Morazán, así como determinar el nivel de planificación, organización y coordinación que dicha operación requirió, determinar si existen unidades militares especializadas en la ejecución de tales operaciones, su organización, estructura y funcionamiento.

En síntesis, el juez quiere establecer la organización de la Fuerza Armada durante la época del conflicto, informar el proceso de formación de la FAES en sus diferentes niveles, su currícula académica y doctrina militar con especial énfasis en los batallones de Reacción Inmediata que fueron creados durante el conflicto armado.

Precisar si la estructura de la Fuerza Armada experimentó transformaciones cualitativas y cuantitativas a lo largo del conflicto armado interno, así como determinar el funcionamiento de la institución en el cumplimiento de su misión de defensa y soberanía del territorio nacional, señalando los niveles de decisión, planificación y ejecución de los planes y estrategias contrainsurgentes desarrollados durante el conflicto armado.

Caracterizar desde el punto de vista militar la “Operación Rescate” en Morazán e identificar las unidades militares que participaron en ella, la forma y los niveles de apoyo, así como quiénes comandaban esas unidades.

Cada una de las partes: fiscales, acusadores particulares y defensores, han propuesto peritos para esta diligencia y el juez deberá decidir quiénes son los más pertinentes para que den su opinión especializada.

La Fiscalía ya propuso su perito militar y dos antropólogos. De igual forma, los querellantes o acusadores particulares también han hecho una propuesta de perito militar y un perito de análisis de información desclasificada.

El texto que recibió el juez por parte de la defensa técnica de los procesados (militares) propone como peritos idóneos a las siguientes personas para que realicen tres pericias: militar, antropológico y especializado de análisis de información.

Para el peritaje militar proponen al exgeneral de división José Napoleón Ágreda de 89 años, Humberto Corado Figueroa, exministro de Defensa Nacional entre 1993 y 1995 en el gobierno de Cristiani, y Otto Alejandro Romero, también exministro de Defensa en la gestión de Elías Antonio Saca y quien fue comandante de la 3ª Brigada de Infantería con sede en San Miguel. Tutela Legal “María Julia Hernández” presume que estos últimos dos peritos (Corado y Romero) pudieron ser subalternos de algunos de los militares imputados, lo que pondría en duda su participación imparcial en el proceso.

Como cuarto perito militar proponen al coronel Ennio Elvidio Rivera, quien incluso puso un recurso en la Sala de lo Contencioso Administrativo para dejar sin efecto la resolución de la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía.

Para el peritaje antropológico la defensa propuso a Julio Aníbal Blanco y a Melissa Regina Campos, Magister en Patrimonio Cultural y Territorio.

Con los peritos anteriores, la defensa pretende también ofrecer otros puntos de pericia, similares a los que el juez ha solicitado con respecto a la FAES, pero con la diferencia que todo se refiera a la estructura, organización y cadena de mando en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), así como su presencia y operatividad territorial en la época del conflicto armado interno.

Pretenden establecer que en la zona existían procesos de reclutamiento, formación militar y adoctrinamiento en los batallones y Escuela Militar del FMLN en Morazán, La Guacamaya y El Mozote, y que tenían incidencia en la población juvenil e infantil con los llamados “samuelitos”, justificando así la operación militar y el ajusticiamiento de toda la población.

De esta forma, la defensa de los militares dejaría establecido que la zona era territorio del FMLN, y que sus habitantes eran colaboradores del mismo, así como que ahí existían campos de adiestramiento militar.

Tanto los abogados defensores de Tutela Legal como las víctimas rechazan esta propuesta de peritaje de los militares, que califica automáticamente a todos los muertos como guerrilleros y justificaría la masacre, debido a que respondía a acciones contra objetivos militares y en concordancia con la misión de la Fuerza Armada.

Cabe señalar que el Equipo Argentino de Antropología Forense presentó un informe en agosto pasado, y en esa oportunidad, la antropóloga Mercedes Doretti señaló que la conclusión final del laboratorio, refutaba con argumentos médicos y científicos, “que no se encontraron pruebas que sostengan el argumento que las víctimas, casi todos niños pequeños, hubiesen participado en un combate o que hubiesen quedado en medio del fuego cruzado entre fuerzas combatientes. Las pruebas muestran decididamente la conclusión de que fueron víctimas intencionales de una ejecución masiva extrajudicial”.

La población masacrada era mayoritariamente compuesta por niñez y mujeres. Los niños la mayoría tenían entre 0 y 6 años (76%), el resto tenían hasta 12 años.

“No se encontró ningún armamento que les vinculara al argumento de los abogados de los defensores de que eran guerrilleros. Sólo se encontró canicas, juguetes, monedas, utensilios, sandalias y ginas junto a sus cuerpos. Esto comprueba que eran civiles que fueron ejecutados”, aseguró Doretti.

El viernes 14 de diciembre el juez Guzmán Urquilla entonces tendrá que definir si acepta la participación de estos peritos y la propuesta de nuevos puntos de peritaje.

Tutela Legal por su parte ha propuesto como perito a Terry Karl, profesora de Estudios Latinoamericanos y ciencias políticas en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Stanford, y quien también fue testigo experto en los juicios migratorios contra el coronel Inocente Orlando Montano, en Boston, y contra los generales José Guillermo García y Eugenio Vides Casanova, en Florida, así como en el juicio abierto en Madrid contra 20 militares por los asesinatos de 6 sacerdotes jesuitas y dos empleadas en 1989 en la UCA de El Salvador.

 

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