Colocación de brazalete a privados de libertad es decisión de jueces

Nacional 219

El gobierno ha adquirido 2,800 brazaletes para los privados de libertad, pero la colocación de los mismos es una medida que no depende de la Dirección General de Centros Penales, si no de los jueces y estos son los que deciden la sustitución de la pena de cárcel por un dispositivo electrónico.

Autoridades de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) aseguraron que cuentan con 2,800 brazaletes para igual número de privados de libertad, además, ya se tiene el sistema de vigilancia para la implementación del plan, pero afirmaron que la sustitución de pena por estos aparatos no es algo que dependa solo de esta entidad, si no del juez que lleva los casos.

Asimismo, aseguraron que han enviado 900 expedientes a distintos Juzgados de Vigilancia Penitenciaria para que evalúen si los reos seleccionados pueden usar el dispositivo electrónico. A la fecha, se han instalado 60 brazaletes y en los últimos meses se están colocando en promedio 10 semanales.

Para que un reo pueda portar el dispositivo electrónico el consejo Criminológico de Centros Penales designa a los presidiarios que pueden portar el brazalete, pero la medida alternativa al encierro la dicta un juez.

Asimismo, las autoridades de Justicia y Seguridad son conscientes del actual ritmo del proceso para la colocación de los dispositivos electrónicos, pero afirman que no depende de ellos decidir sobre la medida, debido a que son los jueces los que determinan quien puede o no portar el brazalete.

Para que a un privado de libertad se le pueda sustituir el encarcelamiento por el dispositivo, estos deben haber cumplido las dos terceras partes de la condena y mostrado un buen comportamiento durante su estancia en los recintos penitenciarios.

Hasta el momento se han beneficiado a aquellos reos que han cometido delitos como violencia intrafamiliar, condenados por tráfico de droga en pequeñas cantidades, entre otros. La mayoría de los beneficiados con arresto domiciliar solo pueden salir de su hogar para firmar en el juzgado.

La DGCP tiene previsto incluir en este beneficio a internos de baja peligrosidad para cuando salgan de los centros temporales a realizar actividades de apoyo a la comunidad.

 

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